Queja ante el Defensor del Pueblo

Queja ante el Defensor del Pueblo

AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Ante la institución del Defensor del Pueblo comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15-1 y concordantes de la Ley Orgánica 3/1981 de 8 de abril sobre el Defensor del Pueblo, por medio del presente escrito formulan en tiempo y forma legales la siguiente,

QUEJA

Considerando que la Ley 8/2016 de 27 de mayo de “igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” publicada en el BORM número 125 del 31 de mayo de 2016 vulnera varios principios y preceptos constitucionales -según expondremos- solicitamos de esa alta institución que, de acuerdo con las previsiones del artículo 162-1, a) de la Constitución Española y a lo establecido especialmente en los artículos 32-1, b) y 27-2, e) y demás de general aplicación de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, formule demanda de recurso de inconstitucionalidad contra dicha Ley por los siguientes,

MOTIVOS DE QUEJA POR INCONSTITUCIONALIDAD

Con carácter previo manifestar que la Ley asume todos los planteamientos de la ideología de género, lo que se traduce en una serie de previsiones que implican la IMPOSICION de una concreta ideología en todos los ámbitos de la vida pública y privada al alcance de la Comunidad Autónoma.

Tal planteamiento de base no sólo percute sino que desconoce las diversas manifestaciones de la libertad objeto de tutela constitucional: la libertad religiosa e ideológica, la libertad de educación de los padres para sus hijos, la libertad a la libre expresión y prohibición de la censura previa. Además se conculca el principio de igualdad apelando a unas técnicas de discriminación positiva carentes de justificación tal y como se expondrá, y que se concreta, por ejemplo, en privilegios laborales o el acceso a subvenciones.

Consideramos que ello debería impugnar dicha ley ya que en su espíritu y en su dictado es inconstitucional tanto en su conjunto como en sus concretas previsiones.

En concreto consideramos que hay serios motivos para dudar de la constitucionalidad de los siguientes preceptos:

I.- El artículo 31 punto 1 establece que “La Administración impulsará….. así como acciones que favorezcan la contratación e inclusión laboral de las personas LGTBI”.

Consideramos que dicho impulso a la contratación e inclusión laboral debe ser extensivo a todos los desempleados especialmente a las personas en riesgo de exclusión social por cualquier causa, a los desempleados de larga duración y a los de escasa formación, a los discapacitados, a las mujeres muy particularmente a las que son objeto de violencia o de abandono sin médios pero con cargas familiares, a los parados mayores de edad y con cargas familiares.

La previsión legal cuya impugnación se interesa implica una medida de discriminación positiva que no reúne los estándares constitucionales de admisibilidad.

Una medida de tal naturaleza, por el hecho de suponer una discriminación admisible, debe ser temporal y quedar plenamente justificada. Al respecto y teniendo en cuenta la grave situación laboral de España, con una tasa de paro en la Región de Murcia del 19%, en especial de la población juvenil en busca de un primer empleo, con una tasa de paro en la Región de Murcia del 45,2%, la medida cuya impugnación se solicita deviene negativamente discriminatoria, favorecedora a un grupo poblacional sobre otros sin justificación objetiva más allá de la consecución de un objetivo ideológico. Este objetivo necesita concretarse aún a costa de sacrificar intereses más acuciantes.

II.- En el artículo 33.2 la Ley determina que “En todas las bibliotecas propiedad de la CARM deberá contar… y nunca contraria al reconocimiento de la diversidad sexual y de identidad de género…”

A su vez el artículo 37, Código Deontológico, establece que “La CARM velará para que los medios de comunicación, mediante autorregulación, incorporen en sus códigos deontológicos estos extremos”

En nuestro criterio dichos preceptos vulneran el artículo 20.1 de la Constitución en cuanto reconoce y protege los derechos; “a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra…”. El artículo 33.2 de la Ley incurre además en violación de lo dispuesto en el artículo 20.2 al establecer que “El ejercicio de estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa.”

Si lo que se pretende es evitar la injusta discriminación hay que recordar que la propia Ley ya prevé en su artículo 50.2. g) como infracción grave “cualquier texto y material didáctico que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación sexual, identidad o expresión…”. Este tipo infractor, que compartimos, tutela como bien jurídico la dignidad e igualdad entre las personas, sin que pueda haber discriminación por razón de sexo. Ahora bien, una cosa es tutelar ese bien jurídico y otra bien distinta incurrir en una suerte de prohibicionismo basado en negar la posibilidad de discrepar respecto de determinados postulados ideológicos, en concreto de la ideología de género.

En definitiva, el artículo 33.2 prohíbe la posibilidad de que las bibliotecas públicas alberguen libros en los que se critique un concreto planteamiento ideológico muy contestado y que se trata de un ataque a la libertad ideológica se deduce que en dichas bibliotecas estaría prohibido cualquier libro de ciencia, psicología, religión, filosofía, humanidades…… que defendiera una visión antropológica del hombre diferente a la que defiende la ideología de género, y además si se trata de bibliotecas de titularidad privada o dependientes de asociaciones, fundaciones, centros educativos privados, etc. si cabe que cuenten con libros críticos con la ideología de género.

III.- El artículo 34 dispone que “… la práctica deportiva… se realice en términos de igualdad sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad y expresión de género”…. “se considerará a las personas transexuales que participen atendiendo a su identidad sexual a todos los efectos.”

En la medida en que la ley en su preámbulo, punto V párrafo cuarto, define la transexualidad como aquella situación en la que la identidad sexual de la persona no coincide con el sexo que le asignaron al nacer, cabe deducir que atendiendo a dicha identidad sexual en la práctica deportiva pueda suceder -previsiblemente sucederá-que personas nacidas y naturalmente constituidas como hombres puedan competir con mujeres disponiendo de una estructura fisiológica y capacidad biológica superior a la de sus competidoras femeninas; produciéndose una situación de desigualdad perjudicial para estas últimas especialmente en las disciplinas deportivas más físicas, donde pueda ser determinante la fortaleza o constitución física.

Consecuencia de ello es nuevamente la vulneración del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución so pretexto de una presunta discriminación, con el resultado final de acabar perjudicando a las mujeres, en vez de promoviendo la igualdad..

Junto a ello se produce la ruptura del viejo aforismo de tratar por igual a los iguales y de forma desigual a los desiguales o, en expresión de la ley, diversos.

IV.- El artículo 47 bajo la rúbrica de “Inversión de la carga de la prueba”, viola el artículo 24.2 de la Constitución que regula la presunción de inocencia; también el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 9-3 de la Constitución, aparte de que su efecto discriminador vulnera el principio de igualdad del artículo 14 al segregar y privilegiar a una parte de la población -la que se cobija en las siglas LGTBI- respecto del resto, atribuyendo la carga de la prueba a quien constitucionalmente es presunto inocente de lo que se le imputa. Obviamente si la denuncia es fundada y resulta probada resultará, en este caso como en otros, que el denunciado es condenado; todo ello sin recurrir a una impropia inversión de la carga de la prueba.

La medida que prevé el texto no es novedosa, hoy día se encuentra en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (artículo 13) se prevé lo siguiente:

Artículo 13. Prueba.

1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales.

De esta manera en la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 217.5 según el cual «De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad».

En el ámbito administrativo hay que tener presente que en el artículo 77.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que sustituirá a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y entrará en vigor el próximo 2 de octubre, en su artículo 77.1 se prevé en cuanto a los medios que «Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil», luego la LEC sólo es aplicable en ese aspecto –medios y valoración- luego no en cuanto a las reglas sobre la carga de la prueba.

En el ámbito de la Administraciónón del Estado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público –que también entrará en vigor el próximo 2 de octubre, regula el procedimiento sancionador y no se recoge una previsión que permita invertir la carga de la prueba.

Por tanto, del mismo modo que en materia penal no cabe tal inversión de la carga de la prueba, tampoco cabe en materia sancionadora pues es criterio que los principios y garantías penales y procesales penales se aplican por analogía al ámbito sancionador.

Ambito sancionador donfde se prevé una cuantía máxima para las infracciones muy graves de hasta 45.000 € cifra ciertamente relevante y hasta más punitiva que las previstas, en la práctica, para determinados supuestos delictivos.

V.- El capítulo V, especialmente, el artículo 25 establece dentro de las medidas en el ámbito de la educación un Plan integral sobre educación y diversidad LGTBI explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación válida y admitida. Consideramos que entre la “única orientación válida y admitida” (la heterosexualidad) y un plan integral sobre educación y diversidad sexual LGTBI como el que prevé la ley hay un enorme trecho donde sin necesidad de llegar a éste último plan se debe y se puede preservar la diversidad.

En cualquier caso, es lícito disentir de la visión antropológica del hombre que realiza la ideología de género.(Que afirma que el ser hombre o mujer es una construcción cultural) Una visión incompatible en muchos casos con otras concepciones. Dejando siempre a salvo la defensa de la dignidad de toda persona, la igualdad en el ejercicio de sus derechos, y el respeto a su diversidad.

Por tanto, aquí queda en entredicho (como en el artículo 25.5 referido a centros educativos que “discriminen”; es decir, hagan planteamientos análogos al que formulamos) el principio de libertad de educación del artículo 27 CE y de su punto tercero en cuanto garantiza el derecho de los padres a la educación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones.

En definitiva, una cosa es evitar en el ámbito educativo contenidos discriminatorios, contrarios a la dignidad de las personas y otra bien distinta que el ideario de un colegio o la libertad de cátedra no puedan permitir contenidos docentes contrarios a los postulados de la ideología de género.

El artículo 26 establece que los planes sobre educación y diversidad sexual dispondrán de estrategias para educar en la diversidad sexual y de género. (Lo que significa la implantación de la ideología de género en las escuelas desde edades muy tempranas). En cualquier caso, es lícito disentir de la visión antropológica que del hombre realiza la ideología de género, y su imposición conculca el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones.

Esta institución a la que me dirijo, se manifestó en contestación a una queja en relación a la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 11/2014, de 10 de Octubre para garantizar los derechos de las personas LGTBI, y para erradicar la homofobia, bifobia y transfobia de la manera siguiente:

“El Estado al cumplir las funciones por El asumidas en materia de educación y enseñanza vela porque las informaciones o conocimientos que figuran en el programa sean difundidas de manera objetiva, critica y pluralista. Se prohíbe al Estado perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pueda ser considerada como no respetuosa de las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Aquí se encuentra el límite que no debe ser sobrepasado”.

Evidentemente, la Ley de Murcia sobrepasa esos límites que el propio Defensor del Pueblo reconoce, y sobrepasa los fines para los que debiera haber sido aprobada, como son los de defensa de la igualdad y no discriminación por razón de diversidad sexual (Valores que evidentemente compartimos). Se va mucho más allá. Se impone la educación en un área tan sensible como es la educación afectivo sexual desde una visión muy concreta como es la ideología de género y desde edades tempranas, sin tener la autorización ni el consentimiento de los padres.

VI.- Por concluir. Adicionalmente consideramos se conculca el principio del artículo 16.1 CE por cuanto no garantiza esta ley la libertad ideológica, religiosa y de culto, bajo un presupuesto ideológico, cosmovisión basada en la exclusiva promoción de la llamada diversidad y en una visión de la igualdad no sólo impositora si no, también, discriminadora negativamente para quien no es considerado diverso y, especialmente, para los heterosexuales.

Además, consideramos igualmente vulnerado el artículo 9.3 por cuanto el texto legal, ex artículo 10, ni define ni -sobre todo- señala quién, cómo y de qué manera determina que un menor de edad es trans lo que obviamente puede producir indefensión y causar daños a un menor consecuencia de la acción de un tercero que promueve esa autoconstrucción o ese sentimiento en el menor, evidentemente ello puede afectar al interés prevalente del menor.

Por fin, el artículo 23 establece que en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción - no exista discriminación por motivo de orientación sexual- es decir, en la práctica se va a condenar a algunos niños a no poder tener un padre y una madre cuestión que, también, consideramos vulnera el artículo 14 y el interés superior del menor previsto en el artículo 39 de la Constitución y en los Convenios Internacionales.

Por lo expuesto,

SOLICITO AL DEFENSOR DEL PUEBLO: Que, teniendo por presentado y admitido este escrito, tenga por formulada Queja contra la Ley 8/2016 de 27 de mayo sobre igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero o intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y considerando, entre otros, la eventual inconstitucionalidad de sus artículos 23, 25, 31, 33-1, 33-2, 34, 37 y 47 por vulnerar la Constitución en sus artículos 9-3, 14, 16, 20-1 y 2, 24-2, 27 y 39 formule demanda de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la mencionada Ley y dé el correspondiente trámite a esta queja.

Por ser de justicia que se pide en Madrid a 10 de agosto de 2016